Silencio absoluto, mezcla de cinismo y prepotencia característicos, es lo recibido ante la denuncia de Miriam Pérez sobre negligencia manifiesta del gobierno regional en la ejecución de obras para el municipio. La actitud es antidemocrática, irresponsable y de olímpico desprecio por la población, un nuevo agravio para los porteños.

Ocurrió igual con el 12.5 % anual de los recursos portuarios que el gobernador se negó a aportar a la ciudad, recuperación del aeropuerto y zona histórica, drenajes de la ciudad, vigilancia de la autopista, obras hidráulicas y deportivas, y un reguero de frustraciones del montón de engaños que la gente represa como asuntos pendientes y exigibles. Hoy pasa lo mismo. Ante el reclamo de la candidata a la AN en relación a diecinueve obras públicas con recursos disponibles pero sin iniciar, transcurrido ya el primer semestre, el gobernador opta por no decir nada, envileciendo su responsabilidad oficial y actuando en contrario al compromiso electoral e ideario constitucional. Siguen engavetados en Valencia dieciseis millones seiscientos cuarenta y cinco mil bolívares fuertes destinados para obras de interés colectivo porteño. Gerencia timorata y culpable la del gobernador Salas. Y se trata del vocero de la panacea descentralizadora y respeto al ciudadano.

Cifras

Estas obras sin iniciar propuestas por el gobierno regional justificaron los veinticuatro millones ciento veinte y tres mil ochocientos noventa y dos bolívares fuertes recibidos por Salas de los recursos Fides y Laee. Cuatro obras en Democracia. Cuatro en Fraternidad. Seis en Goaigoaza. Una en Juan José Flores. Tres en Salom. Una en Unión. Agreguen cuatro inconclusas y otras cuatro sin información disponible. El sesenta y nueve por ciento de obras aprobadas quedaron en el aire. Y nada sabemos sobre el treinta y uno por ciento restante. La vena investigadora del Concejo Municipal no se ha revelado, tampoco la del Consejo Legislativo valenciano, representada allí la fracción pollera.

Ataque cupular

La actitud pugnaz de la jerarquía eclesiástica frente al gobierno no es nueva. Tuvo actuaciones estelares antes y durante el golpe 2002 y los paros económico y petrolero. Y se revela, asociada a golpistas y conspiradores, cada vez que la oposición venezolana debe confrontarse electoralmente. Del Prette en Carabobo y Santana desde la cúpula caraqueña repitieron su caletre opositor hace un mes sobre el caso de los contenedores, relamiéndose el provecho politiquero. Ahora Urosa, sin artificios, llama dictador al Presidente asimilando al marxismo nuestro régimen de derechos, precisamente haciendo uso de algunos de esos derechos que tiene como inexistentes. La jerarquía episcopal abrazada a la mentira repetida revela franco estado de descomposición. Mi humilde condición de cristiano, educado y formado en buena medida por curas lasallistas, me impide sentirme representado por aquellos agentes de la manipulación que denigran del Presidente mientras viven a costillas del erario público venezolano y mantienen relaciones económicas con sus órganos oficiales. Difieren abiertamente la historia de Cristo y trayectoria de la Iglesia en manos de jerarcas, asociada al poder y encerronas, privilegios y exclusiones. El combate institucional que se libra en el país no es contra la religión ni los curas. Sino por la irrupción de la justicia social inspirada en espíritu cristiano de libertad, igualdad y paz colectiva.