SAN FELIPE, (Prensa CLEY).- Cumpliendo con el artículo 51 de la Ley de Administración Financiera del Sector Público del estado Yaracuy, el Consejo Legislativo aprobó por unanimidad el crédito adicional Nº 16/2010 por Bs. 34.339.233,56 para “cubrir déficit como consecuencia de incrementos de salarios decretados por el Ejecutivo nacional en las diferentes instituciones del estado”.

Los recursos en cuestión fueron solicitados por el gobernador Julio León, y provenientes del Situado Constitucional publicado en Gaceta Oficial Nº 39.484. Los mismos serán destinados en parte a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Bs. 1.248.374,00), Secretaría de Desarrollo Económico (Bs. 67.710,00), Secretaría de Infraestructura (Bs. 4.067.250,01) de los cuales Bs.

1.057.250,01 se emplearán para atender programas respectivo a dicha dependencia, Secretaría de Educación (Bs. 330.000,00) para el Instituto de Cultura del estado Yaracuy (ICEY).

De igual manera se otorgarán Bs. 20.013.927,94 al Despacho del Gobernador para el ajuste salarial del Iapesey (Bs. 7.795.720,00), EPS Transporte de Yaracuy (Bs. 800.000,00), y la comisión liquidadora del Iapey (Bs. 7.000.000,00). A su vez destinarán Bs. 4.210.000,00 para la ejecución de programas sociales que fortalecen el poder popular en el estado.

El crédito fue evaluado por vía de emergencia por la Comisión de Finanzas, y aprobado por los legisladores Henrys Mogollón, presidente, Ángel Gamarra, Shirley Romero, Neidy Liscano e Iván Aparicio en la segunda sesión de la comisión delegada en su primer período.

Adquisición de tanques

Por otro lado, la plenaria dio entrada y aprobó por unanimidad el Traspaso de Recursos Presupuestarios Nº 14 por el monto de Bs. 1.232.880,00, totalidad que será empleada por el Ejecutivo regional para la adquisición de tanques contenedores para almacenamiento de agua, los cuales se distribuirán a las familias yaracuyanas fortaleciendo así la conocida y la exitosa iniciativa.

Al respecto, Mogollón expresó que el parlamento de la mano con el pueblo, se une e la labor de promover la salubridad pública y garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios públicos de la región.

Caso Town houses de San Antonio

La sesión fue propicia para que la plenaria atendiera a representantes de la OCV San Antonio, quienes nuevamente denunciaron al responsable de la empresa constructora Inversiones Siete 13 C.A., Carlos Blukc, por presunto cobro ilegal del IPC y supuesta estafa en la entrega de las viviendas, razón por la cual los legisladores aprobaron instar a la empresa a comparecer en los próximos días y avanzar en el esclarecimiento del mismo.
“El problema tiene varios años y es llevado por la Comisión de Contraloría, la cual ha diligenciado acciones en conjunto con Indepabis, Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional, pero ya es hora de que fije una posición definitiva porque la constructora ha jugado con las familias de la OCV y creemos puede haber violentado las leyes con actos de corrupción”, acotó el presidente del CLEY.