Factores políticos que hacen vida en Puerto Cabello rechazaron la medida tomada por el Dr. Oscar León Uzcátegui, Juez Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, quien sentenció como “Inadmisible” el recurso de amparo interpuesto por los ediles porteños Canuto Rodríguez y Fanny Rendón tras la salida abrupta de sus funciones en la Cámara Municipal de Puerto Cabello el pasado 19 de agosto del año 2009.

Según información publicada ayer a través de este rotativo, se conoció que en Carabobo la decisión se basó en que el juez León Uzcátegui consideró la existencia de unos documentos como un acta administrativa donde fue declarada una nueva junta directiva de la Cámara Municipal y nombran a un contralor interino, por lo cual los querellantes deben atacar el Acta y no los actos ni las actuaciones de los ediles que tomaron el Concejo.

Dennis Rivero:

En este sentido, Dennis Rivero, secretario general del partido político Patria Para Todos (PPT) en el municipio Puerto Cabello, señaló que “el pueblo porteño estaba esperando desde hace mucho tiempo una justa decisión en cuanto al asalto de que fue objeto el recinto municipal y lo menos que esperaba era que el juez de la causa declarara inamisible el recurso de amparo interpuesto por la parte agraviada, los porteños esperábamos una decisión ejemplar que sentara un precedente para que no sucedieran estos abusos, atropellos, la violación descarada del estado de derecho”.

En relación a la decisión que dictó el juez Oscar León Uzcátegui, donde declaró inamisible el recurso de amparo, Rivero dijo que “debo manifestar mi sorpresa, por cuanto lo que está de por medio son argumentos de forma que no van al fondo del problema, donde lo que está comprometido es el orden público de base y no de forma de un caso a todas luces ilegal, írrito de absoluta nulidad, esto en referencia a la conducta asumida por los concejales del municipio Puerto Cabello que decidieron de manera fraudulenta con el quebranto del debido proceso la arbitraria e injusta destitución de los concejales Fanny Rendón y Canuto Rodríguez”.

Reseñó además, que “no se trata de la defensa a ultranza de la postura política que representan estos funcionarios, sino al atropello al debido cumplimiento de la ley, la violación al estado de derecho, lo que han hecho es cometer un acto ilícito, es decir, contrario a la majestad de la ley”.

“A mi modo de ver los concejales destituidos no deben aceptar ningún tipo de negociación en cuanto a la incorporación de ningún tipo de presión porque se harían cómplices de unas autoridades desde todo punto de vista irregulares por la patraña o falsedades de las funciones que hoy ocupan y la carga de decisiones y medidas, entre ellas ordenanzas, resoluciones, entre otras que han aprobado de manera ilegal por una autoridades que han incidido en desviaciones de funciones de poder y han usurpado cargos, y todas sus decisiones son nulas y comprometen los intereses patrimoniales públicos que no son propiedad de ellos, que son del pueblo porteño”, agregó Rivero.

Dijo que Patria Para Todos rechaza este tipo de “agresiones que no es propio de un gobierno revolucionario, estos delitos se han venido cometiendo a lo largo y ancho del país en algunos estados y donde más se han acentuado es en Carabobo, específicamente en los municipios Carlos Arvelo, Libertador, Juan José Mora y Puerto Cabello. En el caso de Puerto Cabello respetamos la decisión del juez, sin embargo los afectados deben recurrir a otras instancias donde hagan valer sus derechos y se siente un precedente ejemplar ante este delito”.

Orlando Cotiz:

Por su parte, Orlando Cotiz, dirigente político del partido de oposición Un Nuevo Tiempo (UNT) en Puerto Cabello, dijo que “se han violado los derechos constitucionales de los ediles como funcionarios elegidos por voluntad popular, esto es andar en el camino de la ilegalidad, este tipo de agresiones se han visto en todo el país, eso está pasando con todo, por eso van a perder la Asamblea Nacional el próximo 26 de septiembre”.

Señaló que “rechazamos la decisión de Oscar León Uzcátegui, que no sólo afecta a los concejales sino también al pueblo que fue quien los eligió, son ellos quienes deberían sacarlos por medio de los votos”.

Dijo además que “lo que pasó en el estado Lara no tiene nombre por la medida sobre uso de zona industrial, los concejales deben solicitar la nulidad de la declaratoria de utilidad pública, la decisión es ilegal y de política negativa al gobierno. Los empleos directos e indirectos que producen estas empresas estarían en riesgo por la declaratoria en la zona industrial. Esto implica también pérdidas de impuestos municipales, significa más hambre, más miseria y más caos para la ciudad, porque quienes trabajan allí son personas humildes”.

Pasos a seguir

Tras esta decisión, el próximo paso debería ser por medio del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, donde los concejales deberían ser asistidos por la Sala Constitucional, ya que fue un amparo constitucional el interpuesto y rechazado. Allí, las autoridades deberían revisar todo el proceso.