VALENCIA

Venezuela entre países con alta represión
Gerardo Guerra: “Debemos pensar en la independencia de los poderes del país”


Guerra recordó igualmente, que en otro informe internacional, esta vez presentado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), se manifiesta que la Corte Interamericana ha destacado que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces

Reinaldo Mendoza

VALENCIA.- Para el presidente de la Fundación Pro-Defensa de los Derechos Humanos, Libertad Justicia y Orden, Gerardo Guerra, “es necesario que los venezolanos busquemos comprender mas claramente el panorama interno de nuestro país y así enfocarnos en solucionar la grave crisis en la que están sumergidos los derechos humanos y toda la realidad política y social”.

Para el líder de esta institución apolítica, pero con claro sentido social y del respeto, el mas reciente informe de la organización mundial The Human Rights Watch (HRW), denota la preocupación internacional para con la realidad interna de Venezuela.

“Una vez mas, HRW alertó del deterioro que sufrieron los derechos humanos en varios países latinoamericanos, entre los cuales figura nuestro país como uno de los países donde se ha deteriorado el respeto a los derechos humanos y que son los lideres de la represión de los gobiernos”.

Siguió diciendo Guerra: “Junto a Venezuela están países como Cuba y Mexico por la acción del crimen organizado. La organización presentó un amplio informe, de 649 páginas, sobre las prácticas de derechos humanos en todo el mundo, entre ellos la situación que se vive en la región latinoamericana”.

Explicó Gerardo Guerra que uno de los apartados más duros corresponde a Cuba, “el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disenso político”. Human Rights Watch destaca que durante 2010, La Habana continuó imponiendo el consenso político a través de procesos penales, golpizas, persecución, denegación de empleo y restricciones de viaje. La organización sostiene que Raúl Castro “ha mantenido plenamente activas las estructuras jurídicas e institucionales represivas de Cuba”.

Control del gobierno

Agregó que el informe asegura que en Venezuela, el control del Gobierno sobre el poder Judicial y el debilitamiento del sistema de control democrático han contribuido a generar una “precaria” situación de derechos humanos en la que “los abusos policiales y la impunidad representan un grave problema”.

“Sin un control judicial de sus acciones, el Gobierno del presidente, Hugo Chávez, ha socavado sistemáticamente la libertad de expresión de los periodistas, la libertad sindical y la capacidad de las organizaciones y defensores de derechos humanos de promover derechos básicos”.

Además de la represión que ejercen los Gobiernos, el crimen organizado también ejerce una influencia nefasta sobre los derechos humanos en la región.

Poder judicial

Guerra recordó igualmente, que en otro informe internacional, esta vez presentado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), se manifiesta que la Corte Interamericana ha destacado que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces.

Esta posición se deriva en cuanto a que “uno de los elementos esenciales para prevenir el abuso de poder por parte de otros órganos del Estado es el funcionamiento adecuado del poder judicial. Un poder judicial independiente es indispensable como contralor de la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado, así como también como órgano encargado de administrar justicia”.

Haciendo referencia al documento, Guerra replicó que “en los últimos años la CIDH ha prestado especial atención a la situación de la administración de justicia en Venezuela, particularmente a través del Informe de seguimiento de su Informe sobre Venezuela del año 2003, de los informes incluidos en el capítulo IV de su Informe Anual, de las audiencias celebradas durante los períodos de sesiones y de los casos elevados ante la Corte IDH”.

“A través de estos mecanismos, la Comisión ha manifestado su preocupación por aspectos que afectan la independencia e imparcialidad del poder judicial, en particular por los altos porcentajes de jueces y fiscales en situación de provisionalidad y el incumplimiento de algunos de los procedimientos legales y constitucionales en el proceso para su designación y destitución. La Comisión también ha recibido información sobre presuntas injerencias del poder ejecutivo en las decisiones judiciales”.

Dijo el líder del movimiento pro derechos humanos que “la Comisión Interamericana ha establecido que, entre las garantías necesarias para asegurar el cumplimiento adecuado e independiente de las funciones judiciales se encuentran los mecanismos de designación de los jueces, la estabilidad en su cargo y la capacitación profesional adecuada. Asimismo, se requiere que los tribunales sean autónomos de otras ramas del gobierno, esto es, que estén libres de influencias, amenazas o interferencias de cualquier origen”.

Otros países del hemisferio

Gerardo Guerra nuevamente hizo refferencia al informe de HRW emitido por ese organismo internacional en este mes de abril de 2011 y esta vez lo hizo para mostrar el panorama de países como México, “donde según el informe, muchos de los problemas más graves de derechos humanos que se manifestaron durante 2010 fueron el resultado de enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, así como entre distintos grupos delictivos”.

Recalcó Guerra que “allí se denuncia que si bien el Ejército mexicano continúa cometiendo graves abusos durante operativos de seguridad pública, y donde los responsables casi nunca responden ante la justicia por sus actos”.
En Colombia, el informe destaca que el conflicto armado interno siguió estando asociado a “graves abusos” por parte de grupos armados irregulares, como las guerrillas y los grupos sucesores de los paramilitares.

Con respecto a Honduras, el informe destaca que los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en forma generalizada por el Gobierno de facto instaurado con posterioridad al golpe de Estado que depuso al presidente Manuel Zelaya, “no han rendido cuentas por sus actos”.

La impunidad es también uno de los “problemas serios” en Bolivia, especialmente “la impunidad por las violaciones de derechos humanos”. “Todavía no se ha esclarecido cuál fue el destino de la gran cantidad de personas que desaparecieron antes del restablecimiento de la democracia en 1982, y la mayoría de los responsables de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales no han sido llevados ante la justicia”, añadió el informe.

Algo parecido ocurre en Chile, donde los policías acusados de violaciones de derechos humanos continúan siendo investigados y juzgados ante tribunales militares que no cumplen con estándares internacionales sobre independencia e imparcialidad, según el informe.

En Argentina, el informe destaca el progreso “significativo” en los juicios contra militares y policías por desapariciones, asesinatos y torturas ocurridas durante el “terrorismo de estado” de 1976-1983, si bien hubo demoras procesales.
Otro de los países analizados es Brasil, una nación que se ha consolidado como “una de las democracias más influyentes en temas regionales y mundiales de los últimos años”, indicó el informe que sostuvo que “aún subsisten importantes desafíos en materia de derechos humanos”.



Proceso de nombramiento de jueces y fiscales

En el mismo sentido, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Corte Europea, así como de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura, las siguientes garantías se derivan de la independencia judicial: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas. Un adecuado proceso de designación de los miembros del poder judicial, que sea transparente y garantice la igualdad de los candidatos, es garantía fundamental para su independencia.
El informe presentado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), asegura que si bien los Estados pueden idear diversos procedimientos para el nombramiento de jueces, la Corte Interamericana ha afirmado que no cualquier procedimiento satisface las condiciones que exige la Convención para la implementación adecuada de un verdadero régimen independiente.

Para la designación de los miembros del poder judicial debe garantizarse que el procedimiento no sólo asegure que cada aspirante cumpla con los requisitos y méritos profesionales, sino que debe también asegurar una igualdad de oportunidades en el acceso al poder judicial.

La Comisión ha recibido información sobre irregularidades en la designación de los jueces y fiscales, cuyos efectos continúan perjudicando las garantías de independencia judicial en Venezuela. A continuación, la Comisión analizará el marco normativo vigente, la ausencia de concursos públicos de oposición para la carrera judicial, y los mecanismos para regularizar la situación de jueces designados discrecionalmente, y examinará su impacto en la independencia del poder judicial en Venezuela.

21/04/2011

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