“Cómo es posible que luego de esta grave irregularidad el superintendente Nacional de Silos, Carlos Osorio, fue designado recientemente como presidente de Pdval y ahora ejerce los dos cargos. ¿En manos de quién estamos?”, cuestionó la legisladora Neidy Rosal

VALENCIA.- El Gobierno nacional autorizó la distribución de 25 mil 700 toneladas de leche vencida desde la Hilandería Tinaquillo hacia cinco estados del país, según las pruebas presentadas por la fracción de Proyecto Venezuela ante el Consejo Legislativo de Carabobo (CLEC), para demostrar que el “negocio” alimentario continúa generando polémica.

Según comunicado de prensa, los seis diputados del partido del Sol mostraron copias de notas de entrega, guías de carga, facturas e informes oficiales para comprobar esta grave irregularidad que atenta contra la salud de los venezolanos.

Estuvieron presentes Neidy Rosal, Aura Montero, Karelys Lizarraga, María Victoria Rodríguez, Olga Iturriza y Germán Benedetti, quienes presentaron unas láminas para exponer que el teniente coronel del Ejército Carlos Osorio autorizó en marzo de 2010 dicha distribución, en su condición de Superintendente Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas.

“Cómo es posible que luego de esta grave irregularidad el funcionario fue designado recientemente como presidente de Pdval y ahora ejerce los dos cargos. ¿En manos de quién estamos?”, cuestionó la legisladora Neidy Rosal, quien mostró a los periodistas todos los documentos recabados para sustentar la denuncia.

Los estados donde se realizó la distribución son Cojedes, Lara, Zulia, Falcón y Portuguesa. La diputada exigió al Contralor, Clodosbaldo Russián, y a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, que dejen el “peloteo” entre ambos, para que asuman conjuntamente la investigación por hechos de corrupción.

Esta denuncia forma parte de los 1.155 contenedores localizados en Tinaquillo y tiene similitud con el hallazgo de 6 mil toneladas de leche vencida recientemente en los galpones donde funcionaba Telares Branger en Santa Rosa, municipio Valencia, según explicó la legisladora Aura Montero.

En este sentido, la fracción de Proyecto Venezuela exigió celeridad al Ministerio Público para encontrar a los culpables mediante una investigación que abarque a todos los organismos del Gobierno nacional involucrados.

De igual manera, ratificaron que las evidencias han sido presentadas en Fiscalía, desde que el gobernador de Carabobo, Henrique Fernando Salas, comenzó a realizar denuncias públicas desde abril de 2009 sobre este tema.