Se conoció que hay grandes posibilidades de que los ediles retornen a sus puestos dentro de la municipalidad sin hacer más escándalos ni levantar más polvo del que ya han levantado, el cual sólo les ha caído en sus propios ojos

Reinaldo Mendoza

VALENCIA.- El Dr. Oscar León Uzcátegui, Juez Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, fue el encargado de sentenciar como “inadmisible” el recurso de amparo interpuesto por los ediles porteños Canuto Rodríguez y Fanny Rendón tras la salida abrupta de sus funciones en la Cámara Municipal de Puerto Cabello.

Tras esta decisión, el próximo paso debería ser por medio del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, donde los concejales deberían ser asistidos por la Sala Constitucional, ya que fue un amparo constitucional el interpuesto y rechazado. Allí, las autoridades deberían revisar todo el proceso.

Por otro lado, se conoció que en Carabobo la decisión se basó en que el juez León Uzcátegui consideró la existencia de unos documentos como una acta administrativa donde fue declarada una nueva junta directiva de la Cámara Municipal y nombran a un contralor interino. Por lo cual, los querellantes deben atacar el Acta y no los actos ni las actuaciones de los ediles que tomaron el concejo.

Para ello se debe aplicar un recurso de nulidad, o recuso contencioso administrativo de anulación de actos administrativos, el cual queda a decisión de la parte interesada. Sin embargo, se conoció que hay grandes posibilidades de que los ediles retornen a sus puestos dentro de la municipalidad sin hacer más escándalo ni levantar más polvo del que ya han levantado, el cual sólo les ha caído en sus propios ojos.

En tal sentido, el abogado Alberto Shilli, asesor legal en el caso, dijo que es definitivo que el juez a cargo “tuvo un error de interpretación porque no puede él, en ningún momento, legalizar un delio. Eso significa que los concejales que están en estos momentos en la directiva de la Cámara Municipal de Puerto Cabello tomaron por asalto al concejo”.

“Todo ello, motivado porque a ellos se les prohíbe el acceso. Esto puede dar paso a dos cosas; una, que el juez se declare incompetente y de paso a la sala electoral, pero aquí es al revés, se está abriendo un auto de nulidad cuando la fuente misma es nula, porque los que están allí están usurpando funciones. Será entonces la Sala Constitucional en adelante la que ordene la reincorporación (...), porque de lo contrario estaríamos en presencia de una continua y reiterada presencia de actos ilícitos que se puede convertir en un paradigma que cae en autos utópicos que ponen en juego la República”.

La abogada Edda Hernández, por su parte, indicó que la decisión del juez en esta oportunidad fue de declarar la “inadmisibilidad del recurso de amparo interpuesto por los ediles Canuto Rodríguez y Fanny Rendón, lo que significa que no se admite la causa. Dicen que a los que tenemos que recurrir es a un recurso de nulidad con un amparo cautelar”.

Siguió diciendo Hernández: “Vamos a estudiar las posibilidades legales que tengamos y en la medida que veamos cual es el procedimiento que más les convenga a los concejales, en esa medida tomaremos las medidas judiciales. De todas maneras este expediente como un amparo constitucional tiene una revisión e iremos a esa revisión”.

En su declaración, Canuto Rodríguez también se manifestó respecto a la decisión emitida en el Palacio de Justicia de la capital carabobeña, diciendo que “realmente nosotros acudimos al tribunal en la espera de una decisión que pudo haber sido favorable”.

“Sin embargo, nos han dicho que es inadmisible y nosotros confiamos en los abogados que tenemos y estaremos conversando con ellos y luego tomaremos o reorientaremos el caso, pero eso no significa que vamos a desistir lo que significa la idea que fundamentalmente va orientada hacia la defensa que nos corresponde como derecho en el sentido, que somos concejales electos en Puerto Cabello y se nos ha negado ejercer el cargo que legítimamente nos ha otorgado el pueblo”.

Fanny Rendón, por su parte, dijo que “nosotros debemos seguir adelante. Hoy fue declarado inadmisible nuestro recurso y una vez que conversemos con nuestros abogados continuaremos nuestra lucha, porque estamos luchando es por el restablecimiento de nuestros derechos, aún cuando la otra parte diga todo lo contrario y sabemos que no es así. Seguiremos transitando las vías jurisdiccionales.

Ante la pregunta de si pensaban retornar sumisos y calladitos al hemiciclo del cabildo porteño, como si no hubiera pasado nada, la edil dijo que “calladitos no. Yo no he robado, yo no he hecho un carrizo. Simplemente que por aquellas personas que lo hicieron por sus apetencias personales no nos permitieron el acceso eso es público y notorio en todo Puerto Cabello. Seguiremos transitando en la vía jurídica y no descansaremos hasta agotar todos los recursos”.

En cuanto a la posibilidad de regresar como ediles ordinarios, sin los cargos que ostentaban, afirmó que “eso lo vamos a analizar y ver, porque para estar en agresiones o como estamos, que no se nos garantiza nuestra integridad, tenemos que ver y pensar muy bien los pasos que vamos a dar”.

Apoyo del PPT

Acompañando a los ediles porteños en su lucha estuvo el líder del partido Patria Para Todos (PPT) y concejal del municipio Juan José Mora, Heriberto Ramírez, quien dijo que su presencia se debe a una serie de actividades y actos en los que se han violado los derechos constitucionales de los ediles como funcionarios elegidos por voluntad popular.

Explicó que el PPT ha condenado este tipo de agresiones que se han visto en todo el país y en el caso de Puerto Cabello han tenido una preocupación específica. Situación similar en el municipio Libertador, donde se ven casos desde hace más de cuatro años, así como en Carlos Arvelo y en Juan José Mora, donde él es uno de los afectados.

Recalcó que cada caso tiene sus especificidades y respetan las medidas tomadas por el juez a la hora de emitir un juicio. Sin embargo, dijo que en el caso de Juan José Mora, “donde fuimos atropellados la mayoría de los ediles principales y donde se evitó la entrada a la Cámara el 5 de enero, tenemos el criterio que allí se nos violentaron nuestros derechos constitucionales. Aspiramos recurso de amparo y aspiramos que la audiencia próxima declare a nuestro favor”.