Los representantes de la empresa podrán ejercer su derecho a la defensa y oponerse a la medida de ocupación temporal. Sin embargo, será el órgano principal en Caracas, a través del Ejecutivo Nacional, el que determine si cumple con los elementos técnicos y legales para proceder a una expropiación

Geisha Sikiú Perdomo
Fotos: Geisha Sikiú Perdomo

SAN FELIPE.- Este martes representantes del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios se presentaron en la sede del Central Azucarero Santa Clara, ubicado en el municipio Veroes del estado Yaracuy. En este sentido, la coordinadora regional del Indepabis, Yolimar Venegas, informó que la idea es constatar la situación del central.

Al parecer, la producción de la empresa se ha paralizado debido a que el proceso de molienda no se ha podido realizar por la falta del suministro de agua, lo que mantiene en las afueras del central a los camiones con la caña de azúcar a la espera de ser procesada.

Venegas insistió que en el país no hay escasez de azúcar sino un supuesto boicot de los empresarios y aclaró que Indepabis deberá permanecer durante 90 días en la sede de la azucarera, tal y como lo dicta la ley, para un proceso de evaluación donde se establecerá la negociación entre el Estado y los propietarios para la adquisición de la planta, resaltando que de no llegar a un acuerdo se dispondrá a ejecutar la debida expropiación.

“Por el impacto que genera en la producción de azúcar en el estado, así como al sustento de los empleados en general, tomamos la decisión de apersonarnos acá para establecer acciones en beneficio de la producción y distribución correcta de este rubro, importante para el colectivo que hasta el día de hoy padece de fallas en el mercado, por tal razón entraremos en debate con los propietarios y así determinar la solución más efectiva para la planta: que pase a manos del Estado para garantizar el impulso del procesamiento del azúcar”, acotó.


Los representantes de la empresa podrán ejercer su derecho a la defensa y oponerse a la medida de ocupación temporal. Sin embargo, será el órgano principal en Caracas, a través del Ejecutivo Nacional, el que determine si cumple con los elementos técnicos y legales para proceder a una expropiación.

“Es una decisión del alto gobierno... no le corresponde al Indepabis tomar esa decisión... se debe revisar la medida preventiva de ocupación temporal y si hay convencimiento para que se de la expropiación, será decisión del alto gobierno.”, dijo.

El lugar también fue ocupado por la Guardia Nacional Bolivariana y trabajadores, quienes se encuentran a la expectativa ante la medida gubernamental. No obstante, la representante del Indepabis les garantizó el pago al día y los beneficios que les corresponde por ley.

Parlamento rechaza actuación del central

En este sentido, el legislador Mogollón destacó que el parlamento en pleno ha venido apoyando los procedimientos a favor de la soberanía alimentaria en el estado, y que desde hace dos años intervienen legalmente para que las acciones de los industriales sean apegadas a la norma y en beneficio del consumidor, destacando que en Yaracuy entre el 60 y 70 por ciento de los productores azucareros están arruinados gracias a que se está procesando azúcar traída del Caribe y otros lugares con la única intención de obtener dólares y exaltar su visión capitalista.
A su vez, indicó que el rubro que allí se produce normalmente se distribuye a través de la negociación realizada con la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), pero que ahora los propietarios prefieren darle prioridad a la empresa privada, dejando a un lado la necesidad alimentaria del pueblo.
“Con esta inspección evidenciamos todas las anomalías generadas en la productividad de la planta, por lo que consideramos que la medida aplicada por el Indepabis busca sobre todo el cumplimiento de la función social y evitar que algunos municipios como Veroes, Manuel Monge, San Felipe e Independencia sean perjudicados, ya que forman parte de la principal fuente de producción de la caña de azúcar”, acotó Mogollón, a la vez de asegurar el total desempeño laboral de los más de 500 empleados activos en la empresa.

Productores dependen de la caña

Por otro lado, Yonny Olivero, uno de los productores que sostiene relación con el central, manifestó que son innumerables los siniestros que se les presentan a la hora de procesar la caña, elemento del cual ellos dependen, pero que los propietarios dejaron de adquirirla allí para traer azúcar cruda de otras plantas y refinarla solamente, generándoles un conflicto monetario al dejar de realizar su labor.
“Queremos que instalen políticas que nos garanticen nuestro trabajo, para así poder brindar un producto de calidad al colectivo yaracuyano”, agregó.