“Economista Rafael Lacava, debe ser honesto, dar la cara y asumir su responsabilidad, y no emitir opiniones recurriendo a subalternos a su servicio, es otra la intención que lo anima y debe decirlo abierta y públicamente; lo que no es serio de su parte es pretender encubrir bajo un manto de sombras sus verdaderas intenciones y enviar a funcionarios de baja categoría a hacer el papel por cuyas consecuencias no da la cara”.

Así lo expresaron Carlos Rafael Jhonge y Jesús León, representantes legales del Liceo de Tecnología Segrestaá del municipio porteño, quienes se acercaron a la redacción de este rotativo para desmentir toda la información publicada ayer lunes 30 de agosto en la página 11 de este medio impreso y remitida por la Dirección de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía de Puerto Cabello, en donde se resaltaba la inhabilitación de la institución educativa por parte del Cuerpo de Bomberos municipal.

Jhonge y León detallaron que la inspección fue realizada el pasado mes de julio y que las condiciones del inmueble que se puntualizan en el informe no se corresponden con la verdad y el actual estado de la infraestructura.

Recordaron que el liceo funciona en un antiguo edificio que pertenece al municipio y que ahí ha funcionado la institución por más de 20 años.
Manifestaron que la situación que se presenta es una solicitud que en abierto desafío plantea el Alcalde Rafael Lacava por la vía de unos subalternos a su servicio, con la intención de que el inmueble sea desalojado.

“No queremos permanecer haciendo uso de la habitación bajo las condiciones subsanables en las que se encuentra el instituto, los daños son menores, por lo que anualmente parte de la rutina del plantel es que el Cuerpo de Bomberos realice la inspección y sugiera recomendaciones a fines de que se hagan las reparaciones correspondientes”, puntualizaron.

Sin embargo, resaltó Jhonge que en este caso la Alcaldía porteña recurrió ante los tribunales competentes solicitando acciones de desalojo, y ante la evidencia de hechos que no le han funcionado, apeló a una argucia como la inspección del Cuerpo de Bomberos con la intención de generar toda una situación que condicione a padres, representantes y a toda la opinión pública para generar algún tipo de perjuicio.

Por tal razón los representantes legales del Liceo de Tecnología Segrestaá informaron que el asunto es que desde el año 1996 existe una medida de Prohibición de Desalojo dictada por el Tribunal competente ante los fallidos intentos hechos por quienes antecedieron al actual burgomaestre en el cargo. “En el presente momento está en curso un Procedimiento de Recurso de Amparo Constitucional por violación de normas de estricto Orden Público contra el Cuerpo de Bomberos, el cual saltándose el marco de la legalidad y el derecho ha preferido una medida que además de vulnerar el Principio del Debido Proceso y del Derecho a la Defensa se constituye en una desafiante amenaza al derecho al trabajo del personal docente y de trabajadores que allí laboran y en un atentado al derecho al estudio de una importante población estudiantil que no va a ser subsanada con el anuncio de una presunta reubicación en otros planteles”, finalizaron Jhonge y León.

Neyver Pichardo Gallardo