A juicio del diputado de la Asamblea Nacional Alberto Castelar, la Ley Especial de Entrega de la Propiedad de Tierras en Barrios y Urbanizaciones vendría a fortalecer el proceso de “la entrega de tierras urbanas en los sectores populares, la cual será complementada con el Plan Nacional de Adjudicación de Viviendas”.

El vicepresidente de la Comisión Permanente de Familia, destacó que en la plenaria de la Asamblea Nacional, ya se inició la segunda discusión del proyecto de Ley Especial para la Entrega de la Propiedad de la Tierra en Barrios y Urbanizaciones Populares, que sería la nueva denominación para la que fuera “Ley para la Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra en los Asentamientos Urbanos Populares”.

Resaltó que desde el 2002 están analizando este proyecto que en la actualidad se cristaliza como una forma de justicia social para la gran población que habita en los barrios y sectores populares, normativa que fuera aprobada en primera discusión en abril del 2009.

Dijo que la ley está dirigida principalmente a atender a las familias que durante años venían ocupando tierras, asentamientos urbanos al margen de la planificación del Estado. Esa regularización es prioritaria como expresión de la justicia social, garantizándole la propiedad de la tierra.

El legislador aclaró que el objeto de esta ley es restituir el derecho legítimo a quienes viven en estas comunidades y entregarle la titularidad de las tierras, aclarando que no es una ley confiscatoria por el contrario se pretende devolver el derecho a la vivienda a estos habitantes.

Con respecto a la aprobación de esta normativa, Castelar dijo que dentro de quince días pudiese estarse promulgando en el hemiciclo, pues el reglamento está conformado por cien artículos, las discusiones van adelantadas.

Prevé que la comunidad organizada a través de su comité de tierra urbana como parte integrante del consejo comunal actuará como guarda y custodio de las tierras ociosas, sin uso, en estado de abandono, o subutilizadas. Además se indica que el comité será una organización comunitaria social y política del consejo comunal.

Por último manifestó que con esta normativa se hace justicia con miles de familias que han vivido por años en extensiones de terrenos sin poder gozar de la propiedad de éstos.