PUERTO CABELLO, (Prensa Alcaldía).- “La mala intención y falta de profesionalismo la tienen los abogados Carlos Rafael Jhonge y Jesús León, representantes legales del Liceo de Tecnología Segrestaá del municipio porteño, quienes en pleno conocimiento técnico y jurídico de la situación del Liceo de Tecnología Segrestaá pretenden con información falsa justificar los honorarios que cobran, engañar a la comunidad sobre el aspecto legal real de esta institución”.

Así lo denunció la doctora Luisa Pérez, Síndico Municipal del municipio Puerto Cabello, en respuesta a las declaraciones emitidas por los abogados Jhonge y León, en las que declaran que el alcalde socialista Rafael Lacava tiene malas intenciones respecto a las acciones que se tomaron en las instalaciones, donde funciona desde hace 20 años esta institución.

En este sentido, resaltó que “estos dos ciudadanos con intereses netamente económicos pretenden poner en riesgo la integridad física de la población estudiantil, obrera y de educadores que hacen vida en esta institución. Sin duda carecen de pericia y ética al desconocer lo que a la vista está, lo que cualquier ciudadano porteño ha tenido ante sus ojos”.

La Síndico Municipal aseguró que los representantes legales del Liceo de Tecnología Segrestaá mantienen complicidad con los antiguos gobernantes del municipio, a los que hoy defienden en causas que cursan por ante tribunales con sede en Puerto Cabello.

“Están desesperados porque las acciones intentadas por este gobierno municipal han resultado con lugar y favorables al municipio, los mismos han pretendido retardar la entrega con acciones dilatorias para dar inicio al nuevo año escolar y utilizar a los adolescentes como escudo a la protección de sus ingresos”, expresó.

En el mismo orden de ideas, destacó que “bastaría con que cualquier ciudadano revisara las causas para darse cuenta de la falta de profesionalismo y complicidad que mantienen con antiguos gobernantes, ya que llegado su momento no pudieron comprar ni al alcalde ni a sus subordinados quienes sí gozan de la moral y la ética que a ellos les falta”.

Según Pérez, los abogados de la directiva de la institución se inventan medidas de prohibición con las que no lograron sus metas y ahora no tienen como defender y justificar. “Están en pleno conocimiento que tal medida de amparo fue declarada inadmisible ya que no tiene asidero jurídico, ¿Entonces, quiénes mienten?, pareciera que defienden intereses oscuros sin importar la vida y los riesgos detectados”, acotó.

Lo legal

En cuanto a las aseveraciones efectuadas por el abogado Jhonge, que las acciones realizadas por la alcaldía no funcionaron, Pérez informó que “Sí funcionaron, porque esta acción de recurso de desalojo fue declarado con lugar en fecha 15 de Junio de 2010 y se le ordena el desalojo inmediato del inmueble, acción que no realizaron”.

Además, refiriéndose a la denuncia en la que los abogados aseguran que se está apelando a las acciones del Cuerpo de Bomberos para realizar el desalojo, manifestó: “no se apeló a una inspección sino que estas se realizan anualmente y en temporada de vacaciones”.

Al mismo tiempo destacó: la directiva de esta institución, durante una reunión realizada el 20 de julio de 2010, acordó la entrega voluntaria del inmueble para el día 06 de septiembre del año en curso. “Además, en fecha 16 de agosto estaba establecida otra reunión a la que no asistieron sino que aproximadamente en fecha 06 de agosto interpusieron el amparo ante los bomberos que fue declarado inadmisible”, manifestó.

Explicó, “el amparo constitucional que interpusieron ellos en contra del Cuerpo de Bomberos Municipales por el acto que dictó fue declarado inadmisible por el Juzgado de Primero Instancia, el cual fue enviado por consulta obligatoria al Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, siendo declarado en fecha 26 de agosto inadmisible, ratificando la sentencia dictada por el Juzgado en primera instancia”.